Así lo ha manifestado durante la presentación del libro ‘Universidad y Discapacidad’, que ha elaborado el CERMI, y que ha tenido lugar este martes en la sede de la agencia de noticias Servimedia. El acto, que ha sido moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, ha contado también con la presencia del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, y con la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano.

 

El ministro ha reiterado lo que ya anunció ayer en el Congreso y ha declarado que la LOSU supone una reforma en profundidad que abarca todos los aspectos del sistema universitario y que pretende llevarla al consejo de ministros en otoño, después de haber hecho una “extensa consulta con la comunidad universitaria y con los principales actores sociales, políticos incluyendo los grupos parlamentarios”.

 

En cuanto a las propuestas de CERMI contempladas en el libro con el objetivo de maximizar la responsabilidad social de las universidades conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, el ministro ha explicado que uno de los ejes centrales será la eliminación de las desigualdades. De esta manera, ha asegurado que utilizarán las propuestas sobre educación universitaria inclusiva y se promoverá la presencia de alumnado con discapacidad en los órganos de participación y consulta de las universidades como los consejos sociales.

 

Asimismo, ha recalcado que existe un compromiso por parte de la universidad para incluir en la ley la presencia de la lengua de signos española y contar con medios de apoyo para la comunicación oral.

 

También ha señalado que ha habido y seguirá habiendo una ampliación en el sistema de becas y que alcanza los 260.000 estudiantes universitarios beneficiarios. Además, ha asegurado que existe una “política clara” desde el ministerio ya que este año se reservará parte de los fondos para responder a las necesidades de las personas más vulnerables que han sufrido más con la pandemia.

 

Por otro lado, según Castells, la reforma de la ley también contemplará la cobertura del coste completo anual que tienen las matrículas de estudiantes con discapacidad en la UNED, lo que, según el ministerio, beneficiará a 5.00 personas. 

 

En relación a la formación del profesorado universitario y personal de investigación, el ministro ha manifestado que se reservará el 2% de las plazas para investigadores con discapacidad, si bien el CERMI había propuesto la reserva de un 5%. En este sentido, ha asegurado que en los Presupuestos Generales (PGE) de 2021 se ha “incrementado en 10 millones” la partida de estas ayudas para la formación del profesorado, lo que se traducirá en un aumento de beneficios para las personas con discapacidad.

 

De la misma manera, ha puesto sobre la mesa que los planes de estudio deberán tener como “referente los principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en particular”, así como el respeto de los “principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas con discapacidad”.

 

En relación al acceso y admisiones de los títulos actuales, el anteproyecto del Real Decreto incluye como novedad que las universidades están obligadas a reservar un 5% de las plazas a personas con una discapacidad reconocida del 33% así como a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes.

 

En cuanto a los programas de movilidad internacional universitaria, que tal y como señala el CERMI disminuye las posibilidades de participación para personas con discapacidad, el ministro ha declarado que se ha pedido al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) que se asegure de la participación e inclusión en los programas de movilidad internacional a las personas con menos oportunidades y en especial, a los estudiantes con discapacidad.

 

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado que el objetivo del libro ‘Universidad y Discapacidad’ no es otro que proponer el modelo de sistema universitario que la sociedad civil considera más adecuado para que sea acogedor e inclusivo y aportar al ministerio la información para diseñar un modelo de política universitaria inclusiva.

 

Por último, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, ha asegurado que es fundamental plantear la” igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso a su carrera docente e investigadora” y sobretodo “allanar el camino para que la universidad cumpla con todos los requisitos para que sea inclusiva”.